La PCM aprobó recientemente los lineamientos que establecen el contenido mínimo de los planes de gobierno electrónico de las entidades públicas. Desde nuestro particular punto de vista los lineamientos no ayudarán en mucho a las entidedas públicas en este sentido. ¿Por qué?

Primero, la norma solamente obliga a las entidades que son miembros del sistema nacional de informática, es decir, a las oficinas de informática del sector público. Esto obliga a los técnicos a hacer un plan y no compromete a la institución en su conjunto por lo que realmente no estaríamos hablando de un plan de gobierno electrónico sino de un plan informático (y aún muchos dirían que tampoco lo sería).

Segundo, no brinda un marco general que guíe los planes (a pesar de ser ONGEI el ente rector en este tema). Por ejemplo no dice nada del Egovernment Master Plan publicado por la PCM (probablemente porque está en inglés) ni tampoco mencionan (en los lineamientos) la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico aprobada en el 2006.

Dice: "En sus ámbitos se deben definir las políticas que corresponden a:

Políticas públicas respecto del Gobierno Electrónico.

Políticas de acceso a las TIC.

Políticas informáticas (Software Libre).

Políticas de mejoramiento de capacidades humanas internas y externas."

Y solo se hace una marginal referencia a la CODESI más no a la agenda digital cuya segunda versión estaría por publicarse.

Tercero, los lineamientos plantean como "posibles metas a lograr" aspectos que son regulados (o que debería serlo) desde instancias superiores ... sin decir que la ley dice algo y que debe cumplirse, por ejemplo:

Transparencia en los actos del Gobierno.

Transparencia en la Administración de Presupuestos.

Transparencia en las compras del Estado.

Gestión de los trámites internos.

Gestión de los datos personales.

Democracia participativa.

La firma digital.

Disminución de la Brecha Digital.

La capacitación a distancia (e-Learning).

No hay claridad, por tanto, sobre las metas mínimas para las entidades públicas.

Finalmente, nos preocupa el texto del último principio que según los lineamientos debe guiar la implementación de estrategias:

"Participación del sector privado: Este sector debe participar en el  desarrollo e implementación de servicios, formación y capacitación de funcionarios y ciudadanos. Reservándose la propiedad y el uso de la información al Estado o al ciudadano a la cual pertenece."

Primero porque señala que el sector privado "debe" participar en el desarrollo e implementación de de servicios, de acuerdo, pero: ¿y el ciudadano? ¿acaso la sociedad civil no puede también participar en el diseño de los servicios que supuestamente se implementan para servirla? y segundo sobre la propiedad de la información, es importante notar que la propiedad de la información debe ser del Estado y no de las entidades públicas que la colectan, generan y procesan. Dicha información es propiedad pública y por tanto debe evitarse que sea apropiada con fines privados restringiéndose el acceso de la población a la misma.

Las oficinas de informática tendrán 120 días para preparar una ruma de planes que enviarán a fines de junio a la PCM, la ONGEI tendrá unos días mientras preparan la transferencia al próximo gobierno para juntar todos esos papeles y entregárselos a la Comisión de Transferencia diciendo "¡mira los kilos de planes que tenemos para ti!"

En PCM ya empezaron a dar normas "por cumplir" preparándose para el cambio de gobierno.